El país continúa atravesando una grave crisis económica y social con severas consecuencias sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. La falta de oportunidades de trabajo y un escaso poder adquisitivo, insuficiente para satisfacer las necesidades más básicas, han empujado a millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras y condenan a la mayoría de quienes permanecen en el país, a sobrevivir en condiciones de vida absolutamente incompatibles con la inmensa cantidad de recursos naturales y el potencial económico que poseemos como nación.
Los últimos estudios realizados por nuestra Unidad de Información y Estadística confirman esta realidad. El ingreso promedio mensual para un hogar de cuatro (4) miembros en el municipio Maracaibo es de doscientos cuarenta y siete dólares (USD 247,00), dando una media de apenas dos dólares con seis centavos (USD 2,06) por persona al día, lo cual lo ubica debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial, de dos dólares con quince centavos (USD 2,15) por persona al día.
Asimismo, y durante la última década, miles de empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas en medio de una contracción económica que vio desaparecer tres cuartas (¾) partes del Producto Interno Bruto. Muchas de las que permanecen abiertas, lo hacen principalmente por arraigo, sentido de pertenencia y otros factores que poco se relacionan con su desempeño económico y su rentabilidad. La contracción del consumo que merma los ingresos, aunada a las deficiencias de los servicios públicos y a una insaciable voracidad fiscal por parte del Estado, son las principales causas que han producido la quiebra de miles empresas y el desplazamiento de otras tantas hacia la informalidad.
Esta crisis, originada por el empeño de implantar un modelo económico inadecuado, se vio agravada por la imposición de sanciones internacionales con efectos directos sobre la explotación petrolera y otros ámbitos del Estado venezolano, pero con consecuencias generales e indirectas sobre todos los sectores de la economía nacional. ¡Venezuela no aguanta más! Sus ciudadanos reclaman un cambio a esta situación, lo cual requiere de un acuerdo político que debe incluir a todos los sectores representativos de las grandes mayorías de la nación. El restablecimiento de las sanciones económicas sobre PDVSA y otros entes y/o representantes del Estado venezolano, no garantiza por si solo los cambios que el país reclama. Mas bien, sería un nuevo golpe a las ya difíciles posibilidades de recuperación económica, con un claro impacto sobre la población en general.
Por ello, vemos con gran preocupación las recientes declaraciones de representantes del Gobierno, la oposición y de actores internacionales, en donde declaran el fracaso del recién firmado Acuerdo de Barbados.
Venezuela no puede esperar más. Urgen compromisos políticos que permitan, en paz y democracia, superar la grave coyuntura que atraviesa el país para enrumbarnos definitivamente por la senda del desarrollo y crecimiento sostenido, que traiga bienestar a todos los venezolanos. Sin un acuerdo político que sea respetado entre las partes, no habrá la confianza para estimular la tan necesaria inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Desde la Cámara de Comercio de Maracaibo, hacemos un llamado a los actores políticos nacionales y a los facilitadores internacionales vinculados al proceso de negociación, para que, con desprendimiento y responsabilidad, apartando los extremismos de todos los bandos y colocando en el centro de la discusión el sufrimiento de millones de venezolanos, retomen sin demora el diálogo para resolver las diferencias y poner en práctica en el menor tiempo posible, los acuerdos ya concertados y firmados. Solo así se podrá construir la solución que anhela toda Venezuela, sin distinción de signos políticos. Sin este gran acuerdo, no existe posibilidad de recuperación económica. Venezuela, nos lo exige.
